Sobre el blog

Acerca de este espacio

La aparición de este nuevo espacio de comunicación virtual del Programa Universidad y Discapacidad, se produce en un momento significativamente positivo para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

A nivel internacional ha entrado en vigencia la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, que hace pocos días fue aprobada por una ley sancionada por el Gobierno Nacional.

Integrada definitivamente a la Red Bien y en proceso de ser plenamente reconocida por el CIN, funciona la Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos, que ya cuenta con más de dieciocho universidades nacionales, en su seno y se apresta a realizar su V Jornadas Nacionales de Discapacidad y Universidad, organizada por la Comisión Interuniversitaria y la Universidad Nacional de Tucumán.

Por ello afirmamos que el punto de partida es auspicioso, tanto como desafiante la tarea a realizar.

Tenemos el deber de transformar la actual buena voluntad de las autoridades universitarias, a nivel del rectorado y de cada una de las unidades académicas, en políticas efectivas en materia de accesibilidad, eliminación de barreras físicas y comunicacionales, trabajo y participación de las personas con discapacidad.

Tenemos el deber de continuar desarrollando actividades de extensión orientadas hacia la formación integral de promotores de los derechos de las personas con discapacidad.

Debemos abrir las puertas de las áreas de cultura y deporte del Rectorado, para que en ellas puedan tener una mayor participación, las personas con discapacidad, formen o no parte de la comunidad universitaria.

Este espacio está abierto para convertirse en una voz fuete y dinámica que trabaje para la superación de todas las modalidades de invisibilidad o discriminación de las personas con discapacidad, para incorpora definitivamente el tema en la formación curricular de los profesionales, en la tarea de los equipos de investigación, en la acción de los grupos que desarrollan actividades de extensión.

En eso estamos, pero para eso necesitamos de la ayuda solidaria que nos pueda ofrecer.

Carlos Eroles, Subsecretario de Extensión Universitaria

 

 

Anuncios

12 thoughts on “Sobre el blog

  1. EDUARDO junio 3, 2008 / 1:25 pm

    ME PARECE MUY BIEN QUE SE CREEN ESPACIOS DONDE SE DIFUNDAN Y PROMOCIONEN LA PROBLEMATICA DE LA DISCAPACIDAD, TAMBIEN NESECITAMOS SOLUCIONES A LOS INCUMPLIMIENTOS A NUESTRA LEGISLACION, EN MATERIA DE ACCESO AL EMPLEO, SALUD, TRANSPORTE, ACCESIBILIDAD, ETC.

    SALUDOS CORDIALES
    EDUARDO JHOSLEN

  2. APUBA-Gabriela Figueroa junio 27, 2008 / 12:03 pm

    A continuación enviamos el texto que serviría de base a la solicitud de cumplimiento de la Ley de cupo para trabajadores/as no docentes.
    La base del mismo fue desarrollada por Derechos Humanos de APUBA.
    El documento será presentado ante el Consejo Superior por nuestro representante.
    Solicitamos comentarios, opiniones que contribuyan a definir una presentación consensuada previamente.

    Solicitamos cumplimiento de cupo de 4% para el personal de la Universidad de Buenos Aires, conforme lo establece la Ley Nº 22.431

    “La libertad sin igualdad es una hermosa palabra de claros acentos pero de escuálidos resultados”. Hubert H. Humphrey

    Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en nuestro carácter de ……………………………, a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios para que en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, se cumpla con el cupo de cubrimiento de puestos establecido por la Ley Nacional Nº 22.431 y sus modificatorias; atento las consideraciones de hecho y de derechos que pasamos a exponer:

    Un breve análisis de la Cuestión
    La discriminación es un mal que debe ser erradicado. La humanidad siempre trató y sigue tratando de encontrar la cura a aquellas enfermedades que dieron origen a epidemias que devastaron sociedades enteras. Ese mismo afán debe ponerse a fin de terminar con la discriminación.
    Vale recordar que con el término “discriminación” se “…designa un tipo de trato de inferioridad en cuanto a derechos y consideración social de las personas, organizaciones y Estados, por su raza, etnia, sexo, edad, cultura, religión, ideología, según los casos”. Asimismo, “La discriminación es una acción manifiesta o larvada de diferenciación de un individuo o grupo humano sobre la base de la negación de sus intenciones y libertades. Esto se efectúa siempre en contraste con la afirmación de especiales atributos, virtudes o valores que se arroga para sí el discriminador. Tal proceder se correlaciona con una `mirada’ (con una sensibilidad o con una ideología) objetivante de la realidad humana”.
    Las definiciones brindadas demuestran que la discriminación obedece a criterios subjetivos de determinadas personas o grupos de personas que se convencen acerca de la inferioridad de otros individuos o sociedades. Es decir, no responden a criterios objetivos y verificables. Son sólo prejuicios que culminan nada menos que en situaciones de devastación social.
    Es por ello que la discriminación, como el racismo o la xenofobia, deben ser detenidos mediante la adopción de acciones positivas de parte del Estado pero también en la vida cotidiana, toda vez que la actitud que cada uno de nosotros -y el Estado como nuestro representante- asuma podrá evitar que ese rechazo cotidiano -y hasta casi imperceptible- hacia quienes son considerados “diferentes”, por su raza, sexo, religión, origen, edad, instrucción, condición física, etc.
    Discrimina quien excluye. Excluir es “descartar”, “echar de un lugar”. Este tipo de conductas no son admisibles para el Derecho Internacional, ni tampoco para aquellos países que -como el nuestro- han adherido a los tratados internacionales de derechos humanos, que vedan expresamente la discriminación y la exclusión por los siguientes motivos, que no se agotan en esta enunciación: raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
    Por lo expuesto precedentemente, no serán razonables aquellas medidas que desconozcan la efectividad de los derechos o impliquen un avasallamiento al principio de igualdad con la desdeñable consecuencia de la exclusión social y la indignidad.
    Es aquí donde llegamos al punto que ocupará el resto de nuestro petitorio. No es posible que el Estado mantenga en vigencia normas que importen establecer una discriminación con sustento en las enumeradas “categorías sospechosas”, toda vez que, por un lado, se estaría transgrediendo la supremacía constitucional y, por el otro, con dicha actitud se fomenta y avala una forma de racismo que podría acarrearnos consecuencias negativas dentro de los ámbitos internacional y nacional.
    La preocupación mundial respecto de la materia que nos ocupa se plasmó definitivamente en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, que establece en su art. 1 Ver Texto que “…la expresión `discriminación racial’ denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.
    Nuestro país no sólo tiene la calidad de Estado parte en esta Convención, sino que, además, con posterioridad a la reforma constitucional de 1994, reconoció en el art. 75 inc. 22 CN, la jerarquía constitucional de los tratados internacionales a los que había adherido. Por esta circunstancia constituyen junto con nuestra Ley Suprema el llamado “bloque de constitucionalidad”, que se ubica en la cúspide del ordenamiento jurídico vigente en nuestro país.
    En efecto, “…una norma jurídica es válida en el orden jurídico argentino siempre que no se oponga tanto al articulado constitucional como al articulado de los instrumentos internacionales que comparten su jerarquía. Este conjunto normativo que opera como sistema de fuentes es reconocido por la doctrina como bloque de constitucionalidad federal.
    Finalmente, en lo que respecta específicamente al derecho a trabajar, el art. 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que “La Ciudad protege el trabajo en todas sus formas. Asegura al trabajador los derechos establecidos en la Constitución Nacional y se atiene a los convenios ratificados y considera las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. La Ciudad provee a la formación profesional y cultural de los trabajadores y procura la observancia de su derecho a la información y consulta. Garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional. Se reconocen y organizan las carreras por especialidad a las que se ingresa y en las que se promociona por concurso público abierto. Asegura un cupo del 5% del personal para las personas con necesidades especiales, con incorporación gradual en la forma que la ley determine. En todo contrato de concesión de servicios o de transferencia de actividades al sector privado, se preverá la aplicación estricta de esta disposición. Reconoce a los trabajadores estatales el derecho de negociación colectiva y procedimientos imparciales de solución de conflictos, todo según las normas que los regulen. El tratamiento y la interpretación de las leyes laborales debe efectuarse conforme a los principios del derecho del trabajo”. Nótese que la Constitución Nacional en su articulado protege de igual forma la libertad de trabajar.
    Conforme a las normas citadas, sólo es posible concluir que, en principio, la discriminación no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico, sea que se trate de empleo público o privado; y en este último supuesto, sin distinguir entre industria, comercio o profesión. Así las cosas, no es posible mantener en vigencia preceptos que transgreden los deberes impuestos por la Constitución Nacional, además de inobservar las obligaciones internacionales pactadas.
    La jurisprudencia de la Ciudad ha dicho que “…en algunos casos el recurso del legislador, o del administrador, a ciertos factores de distinción, puede responder a prejuicios y estereotipos que tienen por efecto excluir a categorías enteras de personas del legítimo ejercicio de un derecho. Casos típicos de esta categorización espuria son los de raza y religión y, en épocas más recientes, los de género y discapacidad, que constituyen `categorías sospechosas’. Ello significa -y éste es el segundo punto a recordar- que la inclusión de alguna de tales categorías produce tres efectos fundamentales: a) suspende la presunción de constitucionalidad de las leyes y actos administrativos; b) opera la inversión de la carga justificatoria, por lo cual es el Estado el que debe demostrar que la distinción consagrada legislativamente, o por acto administrativo, no obstante ser una de aquellas que la doctrina ha calificado como sospechosa, está justificada; y c) también opera el sometimiento de esa justificación a un estándar de escrutinio judicial estricto. Estos efectos redundan en la suspensión de la presunción -fuerte aunque vencible- de constitucionalidad de que gozan normas y actos administrativos y se traducen en la necesidad, por parte del Estado, de alegar razones contundentes, por no decir insuperables, para preservar el estatus constitucional que ha dejado de presumirse. Como es sabido, la protección de la igualdad no se debilita, ni mucho menos quebranta, por el mero ejercicio de la potestad gubernamental de distinguir entre las personas, o grupos de personas, en la creación y aplicación de las leyes. Lo que se garantiza es que tales distinciones no estarán basadas en criterios impermisibles, o arbitrariamente aplicados con fines persecutorios u hostiles respecto de dichas personas o grupos”.

    Incidencia de la presente problemática en la Universidad de Buenos Aires

    Luego de haber efectuado un somero análisis sobre la temática a plantear comenzaremos de lleno a manifestarnos sobre la aplicación de la ley 22.431 y sus modificaciones y su incidencia en la Resolución Nº 339/2007 de la Universidad de Buenos Aires, como así también lo dispuesto por las resoluciones del Consejo Superior Nº 154/2002 y 1859/2003, las que establecen: “promover estudios que favorezcan la inclusión plena de las personas con discapacidad y proponer medidas para eliminar todas las formas de discriminación, trabajar para lograr la plena accesibilidad física, comunicacional, cultural y pedagógica en todos los ámbitos de la universidad y favorecer la concientización de todos los miembros de la comunidad universitaria, en relación con los derechos y necesidades de las personas con discapacidad y lograr así su plena integración en la vida académica”.
    La Ley Nacional en cuestión establece en su articulado que el Estado nacional -entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos- están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.
    El porcentaje determinado en el párrafo anterior será de cumplimiento obligatorio para el personal de planta efectiva, para los contratados cualquiera sea la modalidad de contratación y para todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios. Asimismo, y a los fines de un efectivo cumplimiento de dicho 4% las vacantes que se produzcan dentro de las distintas modalidades de contratación en los entes arriba indicados deberán prioritariamente reservarse a las personas con discapacidad que acrediten las condiciones para puesto o cargo que deba cubrirse.
    Dichas vacantes deberán obligatoriamente ser informadas junto a una descripción del perfil del puesto a cubrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos quien actuará, con la participación de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, como veedor de los concursos.
    En caso de que el ente que efectúa una convocatoria para cubrir puestos de trabajo no tenga relevados y actualizados sus datos sobre la cantidad de cargos cubiertos con personas con discapacidad, se considerará que incumplen el 4% y los postulantes con discapacidad podrán hacer valer de pleno derecho su prioridad de ingreso a igualdad de mérito. Los responsables de los entes en los que se verifique dicha situación se considerará que incurren en incumplimiento de los deberes de funcionario público, correspondiendo idéntica sanción para los funcionarios de los organismos de regulación y contralor de las empresas privadas concesionarias de servicios públicos.
    El Estado asegurará que los sistemas de selección de personal garanticen las condiciones establecidas en el presente artículo y proveerá las ayudas técnicas y los programas de capacitación y adaptación necesarios para una efectiva integración de las personas con discapacidad a sus puestos de trabajo.
    Las universidades nacionales gozan de autonomía en los términos planteados por el artículo 75 inciso 19 tercer párrafo, de la Constitución Nacional. Tal atributo atiende la potestad de dictar sus normas y elegir autoridades, pero no las exime del cumplimiento de las leyes nacionales de alcance general en cuanto no colisionen con normas particulares de la dinámica académica.
    Por ende es indiscutible que debe aplicarse el cupo del 4 % para personas con discapacidad fijado por la Ley Nº 22.431 para su planta de empleados, sin discriminar entre docentes y no docentes.
    La Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 23, primer párrafo, dispone que corresponde al Congreso: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
    Las medidas de acción positiva implican un hacer concreto, el diseño y ejecución de políticas de intervención sobre situaciones que impidan o restrinjan el pleno ejercicio de los derechos de las personas, en particular respecto de ciertos grupos a los que se considera en una situación de desigualdad.
    La doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respalda el concepto de acciones positivas como condición para garantía para el pleno ejercicio de los derechos humanos: “La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velázquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C, Nº 4, párr. 167 y 168).
    Las políticas afirmativas procuran corregir las desigualdades que sufre un grupo en particular y son medidas de excepción mientras perdure la situación de discriminación arbitraria. Estas acciones son una herramienta útil para crear condiciones de igualdad en ámbitos institucionales y el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires lo ha reconocido respecto de las personas con discapacidad a partir de la Resolución Nº 1859/2003.
    Tal adecuación podría incluir una ponderación específica para personas con discapacidad que se presenten en concursos, aunque no aseguraría necesariamente que se llegue al 4 % planteado en la ley nacional, ya que es imposible para las universidades que utilizan el sistema de concursos prever quién ganará un concurso.
    El punto clave de esta separación es que mientras que en la generalidad de los organismos estatales se miden habilidades y competencias básicas generales para el desempeño en un puesto, el concurso universitario propone competir entre los aspirantes para dirimir quién es el mejor en determinada disciplina. De allí que lo que se da a conocer como dictamen de los jurados es un orden de mérito de los aspirantes, en base al cual el órgano competente dicta el acto administrativo de designación. La propia institución resigna discrecionalidad en estas designaciones al dejarlas en manos de expertos jurados nacionales o de procedencia extranjera, para que el único criterio tenido en cuenta sea la idoneidad de los aspirantes. Este sistema es característico de las universidades nacionales y constituye una excepción respecto de la forma de reclutamiento de personal en la Administración pública nacional y provincial, para las cuales ha sido especialmente destinada la ley 22.431.
    Como vemos entonces la Universidad de Buenos Aires debe cumplir con el cupo del 4% en su planta de empleados tal como lo prescribe la norma.
    Sin otro particular y esperando una pronta y satisfactoria respuesta a nuestra petición, saludamos a Ud. atentamente.-

  3. Marina octubre 1, 2008 / 12:14 am

    Hola Gabriela soy personal administrativo de la uba, estoy interesada si habrá alguna solución para los discacitados, ya que tengo un primo al que le realizaron dos transplantes renales, es abogado y no lo toman en ningún lado y la condición es que sea monotributista, esto no le asegura tener un tratamiento de por vida. Me gustaría saber que harán con estos casos. Es una manera de discriminar ya que pueden conseguir trabajos temporales debido a que generalmente les rescinden los contratos. Un gran abrazo y espero tu pronta respuesta.

  4. Roxana noviembre 20, 2008 / 1:25 am

    Hola , Soy trabajadora de la Educación en el área de Educación Especial ( Formación Laboral), sería muy importante que ésta comisión pudiera estar en contacto con la misma .
    Ya que en materia de Derechos y Leyes Laborales para las personas con Discapacidad , Las Politicas Educativas parecen silenciar los reales derechos de los jovenes y Adultos ,planteando una formación que lo único que propicia es la confección de artesanias y otros productos .
    LA LEY NO SE CUMPLE! LA FORMACIÓN DEBE TENER COMO HORIZONTE LA INSERCIÓN EN EL CAMPO LABORAL, LA PRIMERA FORMA DE DISCRIMINACIÓN PARTE DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS.
    QUE BUENO QUE LA UBA CUMPLA CON EL CUPO OBLIGATORIO.
    UN Saludo Cordial.
    Roxana

  5. Elizane julio 3, 2009 / 6:03 pm

    Olá

    Sou brasileira e adoro a Argentina!!
    Trabalho na área de Pessoas com deficiência há 17 anos e tenho desenvolvido projetos de inclusão social que podem interessar a esta comunidade na UBA como em outros locais de Buenos Aires.
    Quero dizer que estou a disposição para colaborar com vocês!
    elizane
    ehmecena@yahoo.com.br

  6. rafael julio 30, 2009 / 10:48 pm

    hola soy una persona no oyente (sordo) el dia 28/7/02 me despidio la fabrica de psa peugeot-citroen en la planta de jeppener partido de coronel brandsen y ingrese a trabajar el mes de mayo de 2008 tengo 36 años y me preocupo de mi edad para buscar a otro trabajo y ustedes saben algo de la ley mandame un e-mail urgentte muchisima gracias que dios te bendiga

  7. CARLA noviembre 9, 2009 / 3:23 pm

    HOLA SOY CARLA… ESTUDIANTE DE DERECHO PROXIMA A RECIBIRME CON UNA AMIGA QUE ES PSICOPEDAGOGA TENEMOS UN PROYECTO: CREAR UNA CONSULTORA PARA LA INCLUCION DE LOS DISCAPACITADOS EN EL AMIBITO LABORAL..LA LEY ESTA, SOLO QUE NO SE CUMPLE…SI ALGUNO TIENE UNA IDEA SOBRE EL TEMA PARA AYUDARNOS ESTARIAMOS MUY AGRADECIDAS..CREEMOS QUE ES UN MUY BUEN PROYECTO Y QUE TENDRIA GRAN ACEPTACION SI PUDIERAMOS LLEVARLO A LA PRACTICA…GRACIAS SALUDOS

    • rafael junio 3, 2010 / 2:42 am

      hola mandame mensaje de texto mi numero es 02223 15 575343 necesito hablarte personalmente sobre la fabrica de psa peugeot-citroen gracias

  8. Patricia noviembre 15, 2009 / 10:09 pm

    Hola. Soy trabajadora administrativa de la UBA y me interesa sobre manera el tema. Estuve investigando y creo que no sólo es importante el cumplimiento del 4% sino tener un registro -con ayuda profesional- de la planta existente con discapacidades, algunas adquiridas con posterioridad a su ingreso. Tener conocimiento de sus limitaciones y potencialidades para poder reubicarlos en puestos que pudieran desarrollarse en todas sus posibilidades.
    Además debiera haber un serio estudio del perfil de cada puesto de trabajo y qué acondicionamientos serían necesarios para que fuera accesible a ser desarrollado por una persona discapacitada, en cada uno de sus variantes (ciegos, sordos, disminuidos visules y auditivos, motrices, mentales, etc.)
    Tendría que haber un cuerpo profesional capacitado en RRHH que pudiera evacuar todo obstáculo nuevo que pudiera surgir a la persona que ya está desempeñando sus funciones.
    Concientizar a la población de la UBA, especialmente a puestos jerárquicos, de las posibilidades de trabajo de una persona con discapacidades.
    Realizar convenios de pasantía con escuelas medias que están llevando adelante importante trabajo de integración, a fin de colaborar en la inclusión del ámbito laboral. (“Yo te ayudo, Tu me ayudas”)
    Realizar un estudio serio de los equipamientos, TICs y modificaciones edilicias necesarias para acondicionar la Universidad hasta convertirla en un espacio accesible.
    Todo esto debiera desarrollarse no sólo con el personal administrativo sino también con el docente y de investigación a fin de ampliar el ámbito de aplicación.
    Espero no haber agobiado con mis sugerencias, pero me es importante poder participar y colaborar en mi humilde saber.
    Saludo a todos y les deseo éxitos con la propuesta.

  9. dolores junio 2, 2010 / 8:17 pm

    Tengo retinopatía miopica avanzada con alta discapacidad visual.Mi problema fue siempre el mismo, no alcanzo a leer en el pizarrón y por eso no puedo seguir las clases de álgebra y análisis.Estoy cursando la carrera de Filosofía que no depende tanto del pizarrón, pero mi mayor deseo es seguir la Licenciatura de Matemáticas.Tal vez, puedan ayudarme a encontrarle una solución a mi problema.Tengo la esperanza de lograrlo, muchas gracias desde ya.

    • discapacidad2010 julio 16, 2010 / 7:18 pm

      Estimada Dolores:

      Gracias por contactarte con nosotros. El Programa Discapacidad y Universidad cuenta con un Equipo de apoyo interdisciplinario en el que podemos buscar junto con vos la mejor manera de solucionar este tema. Por favor, escribí al correo electrónico discapacidad@rec.uba.ar

      Susana C. Underwood
      Coordinadora Programa Discapacidad y Universidad

  10. Sergio marzo 10, 2011 / 4:03 pm

    Estimados:
    Les consulto, dado que soy un joven abogado ciego, que solo desea superarse, por tanto recorro la red con el solo objeto de obtener información de pos grados en derecho, a tal fin es que los consulto, para saber si existen estos pos grados en la UBA y como es el tratamiento de los mismos con las personas discapacitadas, desde ya muchas gracias y saludos….

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s